Con los años voy aprendiendo a ver cómo, cuando más intentas abarcar, menos consigues apretar, como bien reza ese viejo dicho. Hubo un momento en mi exaltada juventud en el que quería llegar a todo, cambiar todo desde la raíz, sin medias tintas, vivir como acto revolucionario. Conforme dejas más huellas a tu paso entiendes que, incluso entre las cosas que crees importantes, siempre hay algunas más importantes que otras, lo que inevitablemente relega a las demás a un segundo plano.

Eso me ocurrió con la educación y la pedagogía. A día de hoy sigo profundamente decepcionado con el hecho de que la educación no sea una auténtica cuestión de Estado, como sí lo fueron las pensiones mediante el Pacto de Toledo. No me refiero tanto a una inversión creciente, sino a algo más básico: un rumbo estable, objetivos a largo plazo y una pedagogía fundamentada en cómo aprendemos, y no en intereses partidistas que cambian cada cuatro años. La sensación es que la educación en nuestro país avanza sin dirección clara, sometida permanentemente al ciclo político.

Sin embargo, con el tiempo he llegado a una conclusión más profunda: el problema no es únicamente cómo funciona el sistema educativo, sino quién debe asumir la responsabilidad de educar. Creo que el Estado no debería ser quien provea directamente la educación, sino quien garantice que todas las familias puedan acceder a ella en condiciones de igualdad. No es lo mismo educar que facilitar el acceso a la educación, y esa diferencia, a mi juicio, es fundamental.

Cuando el modelo educativo depende casi exclusivamente de estructuras estatales, inevitablemente queda expuesto a la disputa política permanente. Cada legislatura redefine contenidos, metodologías y prioridades, generando una inestabilidad que difícilmente permite consolidar proyectos educativos sólidos a largo plazo. La educación termina así condicionada por decisiones coyunturales, cuando su verdadera naturaleza exige continuidad generacional.

El problema más serio aparece cuando observamos quién puede escapar de esa inestabilidad. Las familias con mayores recursos económicos siempre encuentran alternativas: centros privados con proyectos educativos propios, equipos docentes cohesionados y metodologías definidas. Incluso parte de la clase media puede priorizar este aspecto y buscar opciones distintas. Pero ¿qué ocurre con las familias con menos recursos?

Ahí aparece una desigualdad silenciosa. Mientras unas familias pueden elegir el modelo educativo que consideran más adecuado para sus hijos, otras quedan limitadas prácticamente a una única opción determinada por su lugar de residencia. No solo existen diferencias materiales de origen, sino también una diferencia real en la capacidad de decisión sobre algo tan determinante como la educación.

Con frecuencia confundimos igualdad educativa con uniformidad educativa. Ofrecer el mismo sistema a todos no elimina necesariamente las desigualdades; en muchos casos simplemente impide que quienes menos recursos tienen puedan acceder a proyectos distintos cuando el sistema dominante no responde a sus necesidades. La igualdad de oportunidades no consiste únicamente en garantizar una plaza escolar, sino en permitir una elección real.

Desde esta perspectiva, la educación concertada adquiere un papel especialmente relevante. Un modelo en el que la financiación pública garantiza el acceso universal, pero donde la provisión educativa puede desarrollarse a través de proyectos diversos, introduce pluralidad pedagógica, estabilidad institucional y capacidad de elección sin convertir la educación en un privilegio económico.

Potenciar la escuela concertada no implica debilitar el acceso universal, sino precisamente ampliarlo. Significa separar financiación y provisión educativa para que todas las familias —independientemente de su renta— puedan acceder a modelos educativos distintos, innovadores o especializados, y no únicamente al que les corresponde por ubicación administrativa.

La verdadera igualdad no debería consistir en que todos reciban exactamente la misma educación, sino en que ninguna familia quede privada de elegirla. Un Estado que facilita el acceso, en lugar de monopolizar la provisión, permite que surjan proyectos educativos sólidos, estables y orientados al aprendizaje, reduciendo además la dependencia de los vaivenes políticos.

En un contexto donde el debate educativo suele centrarse exclusivamente en el aumento o reducción del gasto público, quizá convendría replantear la pregunta de fondo: no cuánto debe intervenir el Estado en educación, sino cuál debe ser exactamente su papel. Desde mi punto de vista, ese papel debería ser garantizar oportunidades, no definir de manera casi exclusiva cómo deben formarse las generaciones futuras.

Porque la igualdad educativa, en última instancia, no nace de imponer un único camino, sino de permitir que todos puedan elegir entre varios.